Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Santa

RESUMEN Es frecuente que los funcionarios públicos procesados por el delito de colusión recurran al principio de confianza como mecanismo de defensa, vía excepción de improcedencia de acción, para tratar de liberarse de responsabilidad penal bajo el argumento que el delito lo cometieron otros funcionarios en los cuales se confió que desplegarían su conducta conforme a derecho, sin embargo en las tareas de cooperación no siempre corresponde la confianza, sobre todo cuando hay división del trabajo vertical o existe una posición de garante de uno de los intervinientes; en estos casos más bien corresponde desconfiar pues no asumir una posición de vigilancia y control sobre la conducta incorrecta de los demás debe acarrear una consecuencia sinalagmática por esta negligencia. Para delinear cuándo procede la aplicación del principio de confianza y cuándo más bien debe exigírsele al funcionario desconfiar del actuar correcto de los terceros con los que comparte la tarea de la administración y en especial la contratación pública, hemos procedido a recoger los criterios y límites que la dogmática de la imputación objetiva desarrollado por Roxin, Jakobs y su seguidores, han instituido a este principio de imputación de la conducta; asimismo hemos podido determinar que la Corte Suprema ha emito cierta jurisprudencia donde plantea ciertos límites en la aplicación del principio de confianza de modo que su aplicación en los procesos penales de corrupción de funcionarios no se realice de manera indiscriminada dado que puede poner en peligro la correcta administración de la justicia. En consecuencia de lo dicho, nuestra investigación nos ha permitido obtener los siguientes resultados: i) ampliar los criterios del principio de confianza es una necesidad ante el crecimiento grave de los delitos de colusión máxime si ahora estos delitos son cada vez más especializados, clandestinos y se cometen por organizaciones criminales; ii) el principio de confianza es un criterio de imputación objetiva importante que ayuda a delimitar la responsabilidad penal en función al riesgo creado; iii) el delito de colusión es un delito de infracción de deberes especiales, sin embargo no es suficiente con ello, se necesita para su consumación la lesión de bienes jurídicos estatales; iv) los criterios del principio de confianza aplicados por la Corte Suprema en los delitos de colusión son contradictorios e insuficientes porque no valoran el comportamiento omisivo y la trasgresión de deberes extra normativos; v) la jurisprudencia comparada utiliza algunos criterios del principio de confianza que pueden ser aplicados en el derecho peruano; vi) ciertos criterios doctrinarios del principio de confianza aún no están siendo utilizados por los operadores judiciales en la delimitación de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos procesados por el delito de colusión; y por último, con una encuesta aplicada a los especialistas se ha podido recoger que, comparten nuestro parecer que los criterios del principio de confianza aplicados por la Corte Suprema son insuficiente pese a ser un instrumento dogmático importante en la delimitación de la responsabilidad penal en los delitos de colusión. Para el logro de nuestros objetivos hemos desplegado una metodología básica dogmática - descriptiva; con empleo de métodos propios de la investigación como el inductivo, el deductivo analítico, sintético; y como métodos de investigación jurídica, el método hermenéutico jurídico, método exegético y jurídico descriptivo. Finalmente, como resultado de nuestra investigación desarrollamos una propuesta de cuatro nuevos criterios del principio de confianza que puedan ayudar a los operadores jurídicos para delimitar mejor la responsabilidad penal de los funcionarios públicos procesados por el delito de colusión.